En libertad sin cargos el menor que rompió la mandíbula a un policía en la Cañada real

(Libertad digital) La Confederación Española de Policía (CEP), ante lo que se ha calificado como “Batalla Campal” durante el desalojo del poblado de la Cañada Real de Madrid, ha querido matizar lo siguiente:
1º.- A primera hora de la mañana los grupos organizados han introducido a varias mujeres, una de ellas embarazada, así como a menores en el interior de la construcción ilegal que se iba a derribar, para de esa forma evitar el cumplimiento de la orden de desalojo.
2º.- Posteriormente, la Policía ha sufrido un ataque masivo y simultáneo llevado a cabo por decenas de jóvenes, principalmente marroquíes con la cara cubierta, que han arrojado piedras, botellas, bombonas de butano. Los varones más violentos han llegado a romper sillas sobre los cascos de agentes de la Policía local. También se ha visto en varias ocasiones a menores provistos de armas blancas lanzando piedras sobre los funcionarios.
3º.- Después del ataque organizado contra las Fuerzas de Seguridad por parte de los grupos organizados, ha habido un saldo inicial de 16 policías de las Unidades de Intervención Policial heridos y dados de baja para el servicio.
4º.- Tres marroquíes detenidos por el intento de robo del arma de fuego reglamentaria (pistola) de un agente de la Policía Local de Madrid que intervenía en los hechos.
5º.- Un agente del Cuerpo Nacional de Policía con la mandíbula rota en estado grave, que está siendo operado de urgencia en el hospital Monte-Príncipe.
6ª.- El pasado día 9 de Octubre de 2007, el Ayuntamiento de Madrid derribó 40 chabolas lo que obligó a desalojar a las familias que vivían en ellas, casi todas de nacionalidad marroquí. Los afectados se quejaron entonces, no por la destrucción de las viviendas en sí, sino porque todo sucedió días antes de que se terminase el Ramadán, trasladando este problema en un problema de índole religioso.
Este Jueves, 18 de Octubre, unidades del Cuerpo Nacional de Policía (UIPs) se han personado en dicho poblado al objeto de proteger a los funcionarios municipales que comenzaban el derribo del resto de chabolas del poblado y han sido recibidos con agresiones múltiples organizadas por parte de centenares de marroquíes y rumanos de etnia gitana. A los policías se les ha tirado Bombonas de butano, tejas y piedras que se han convertido por unos momentos en verdaderas armas de guerra que los marroquíes y rumanos lanzaban contra la policía desde cualquier punto del poblado. Cientos de menores de edad provistos de armas blancas, acompañados los mayores con palos, piedras, botellas y mujeres agarrando a los funcionarios policiales.

Desde CEP
1º.- Acusamos a la comunidad marroquí que habitaba esta barriada ilegal de haber querido convertir la acción de la administración pública española en un asunto de índole religioso.
2º.- Apoyamos la intervención policial en todo el desarrollo de la misma, apoyando sin fisura las cargas policiales como proporcionadas y perfectamente ajustadas a derecho así como al buen hacer de las Unidades de Intervención Policial.
3º.- Acusamos de deslealtad con la administración pública a cualquier organización gubernamental o no gubernamental que critique la acción de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

- Investigan si un imán de la Cañada Real instruye a menores sobre «cócteles molotov»

- Imprescindible editorial de La linterna sobre la impunidad de los violentos

El Mundo contra las mentiras de Marruecos

Ceuta y Melilla nunca fueron marroquíes
La escalada de protestas y amenazas con que el Gobierno marroquí y la prensa vecina están respondiendo a la visita prevista por los Reyes a Ceuta y Melilla parte de una falacia fundamental: el cuestionamiento de la españolidad de nuestras ciudades autónomas. Ceuta y Melilla son parte de España varios siglos antes de que Marruecos se constituyera como Estado en 1956. Ceuta es española al menos desde su retrocesión por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668 y Melilla desde 1497. La soberanía española de Ceuta y Melilla es indiscutible e innegociable, por más que Marruecos haya hecho de la reivindicación de ambas plazas un dosificador de tensión, bien para encarar las negociaciones sobre pesca, inmigración o lucha contra el narcotráfico; bien para condicionar nuestra tradicional neutralidad en el conflicto del Sáhara; o bien para solventar situaciones internas de crisis con alharacas patrióticas de corte expansionista en torno a -según ellos- sus territorios «ocupados».

La ‘Marcha Verde’ fue una invasión
La coincidencia entre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla y el 32º aniversario de la Marcha Verde sobre el Sáhara ha sido valorada por Marruecos como una prueba de la «intencionalidad provocativa» del viaje. El aniversario de la Marcha Verde podría constituir en todo caso un agravio para España, dado que fue Marruecos quien invadió nuestra ex colonia. Marruecos convierte la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla en una ofensa nacional para nutrir sus anhelos anexionistas. Es intolerable que el Parlamento marroquí convoque y aliente protestas frente a nuestra embajada en Rabat; o que se llame al boicot de productos españoles; o que un diputado islamista haya animado a hacer otra Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla.

En España los jueces son independientes
El Reino alauí considera una «provocación» el trato dispensado a los chabolistas marroquíes de la Cañada Real en Madrid. Tal vez ha sido el propio Gobierno español quien ha confundido a Rabat, al culpar a la administración del PP de los disturbios entre la policía y los vecinos. Marruecos debe tener claro que el desalojo fue decretado en un auto judicial, que en España los magistrados son independientes y que, en definitiva, este asunto no puede formar parte de la política bilateral. El régimen de Rabat está muy molesto también por la iniciativa de Garzón de declararse competente para investigar a dignatarios marroquíes por un supuesto genocidio en el Sáhara. Más allá del afán de protagonismo del juez, Garzón sólo ha podido moverse dentro los márgenes del Derecho Internacional.

Artículo relacionado: Rabat secuestra dos semanarios por criticar un discurso del rey

Manifiesto gallego de solidaridad con Batasuna

Más de 140 personas, entre las que se encuentran escritores, sindicalistas, periodistas y estudiantes, firmaron un manifesto de solidaridad con Batasuna tras el cambio de Garzón.

Stop a la represión

Libertad para tod@s l@s detenid@s

1- La detención de docenas de líderes y responsables políticos de la iaquierda abertzale realizada por el Estado español es una declaración de guerra contra cualquier solución política a un conflicto de índole política. [...]
3- Todo o que está a acontecer estava prognosticado e publicado por diversos meios de comunicaçom. Fai parte de umha estratégia inalterável no tempo, seguida polos diferentes governos espanhóis que desde a Transiçom ocupárom o Palácio da Moncloa. Porém, a repressom policial e judicial nom é o caminho nem a soluçom.
4- A medio año de las elecciones, el PSOE, siguiendo una lógica electoralista, apuesta aún más por el endurecimiento de su discurso centralista y negador de los derechos colectivos de los pueblos, para competir con el discurso filo-fascista del PP de Acebes, Zaplana, Aznar y Rajói.

Pincha aquí para ver los nombres de los firmantes.

Gabriel Cisneros: la inteligencia retórica

[...] Gabriel Cisneros, delegado que fue incluso de la Juventud, el rescoldo de la antigua Organización Juvenil Española,[...] había caído en la cuenta antes de muchos otros que el franquismo en el que se había deslizado tibiamente se agotaría con la misma vida del general. Y estaba en la lucha por ello. Dos años antes de que Franco agonizara en la Paz, había redactado para el presidente del Gobierno de la época, Carlos Arias Navarro, el famoso discurso del 11 de febrero, una oración reformista que el propio Arias Navarro, según confesión posterior, no había tenido ocasión de leer antes de entonarlo solemnemente. Quizá por eso lo aceptó: era la conclusión de un régimen autoritario y el comienzo de otro muy diferente. Gabriel Cisneros tiró ahí de inteligencia retórica hasta el punto de que los analistas de entonces se volvieron literalmente locos para descifrar algunas de las frases mas emblemáticas del discurso. Cisneros siempre se rió de ello. [...] Sigue leyendo a Carlos Dávila en La Razón

SI ESTO lo llega a hacer Bush…

“SI ESTO lo llega a hacer Bush”, capítulo XLVIII:

Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron sorprendidos la noche de este miércoles por los escoltas del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, cuando estaban vigilando su domicilio, lo que dio lugar a un incidente, según informa EL MUNDO.

Los guardaespaldas de Pizarro hicieron una fotografía a un vehículo que observaron en las cercanías de la casa del presidente de Endesa, tras sospechar de él. Entonces descendieron del vehículo dos personas, que se identificaron como miembros del CNI y exigieron la entrega de la cámara de fotos.

Se produjo un altercado que se saldó con la llegada de la Policía, que finalmente abrió un atestado y trasladó a todos los implicados a la comisaría para que prestasen declaración. Según fuentes cercanas al presidente de Endesa, la fotografía tomada por los guardaespaldas era para llevarla al día siguiente a la Policía.

vía Barcepundit

¿Estado de Derecho?

Veo la foto y la noticia de que el partido político de la banda asesina con otro nombre ha ganado la partida al gobierno. Quiero decir que el gobierno se arrodilla y decide que es mejor poner la otra mejilla de los muertos que perder las próximas elecciones.

Aquí es donde me entran ganas de vomitar.

Al atardecer se pasea el nazietarra De Juana. Da la impresión de que hasta el paisaje es etarra y nazi a su alrededor. Irati a su lado sonríe y sortea los charcos de sangre pizpireta y patriótica.

Juan Abreu, hoy, en su blog

El alcalde socialista de Foz desafía a la Xunta

El alcalde de Foz redobla su desafío a la Xunta y convalida las licencias denunciadas

vía El País

El alcalde socialista de Foz, José María García Rivera, redobló ayer su desafío a las directrices urbanísticas de la Consellería de Política Territorial. Tras negarse a anular 40 licencias para construir 1.350 viviendas, por las que la Xunta ha entablado un proceso contencioso-administrativo, el alcalde reunió a su junta de gobierno y acordó convalidar esos permisos para dotarlos de “seguridad jurídica”. “Hoy es un día grande para el equipo de gobierno”, proclamó un exultante García Rivera, enfrentado a una consellería dirigida por sus compañeros del PSdeG.

El alcalde recurrió a la ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas para convalidar unas licencias que Política Territorial considera “nulas de pleno derecho”. El artículo 67 de la citada ley, según explicó el alcalde basándose en informes del secretario municipal y de una consultoría externa, establece que las administraciones pueden convalidar los actos anulables “subsanando los vicios de que adolezcan”. Las licencias fueron otorgadas en una comisión de gobierno celebrada el 29 de marzo de 2006, justo unos días después de que se hubiera acordado la suspensión de permisos de construcción para evitar, según Rivera, la presión urbanística sobre este municipio. La Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que se infringió el ordenamiento jurídico e instó al ayuntamiento a decretar a su nulidad.

Desde el primer momento, el alcalde tan sólo admitió la existencia de un error administrativo que se comprometió a subsanar, aunque nunca decretó la nulidad interesada por Urbanismo, con lo que se llegó al contencioso planteado por la Xunta. Mientras tanto, la mayor parte de las construcciones continuaron adelante. Pero el quipo de gobierno, con mayoría socialista, esperó a que concluyera el plazo de suspensión de licencias y convocó para ayer una junta de gobierno extraordinaria en la que acordó la “convalidación” de los actos anulados, que, dijo el alcalde, “eran anulables, pero nunca nulos de pleno derecho”. Política Territorial no quiso pronunciarse sobre la decisión del gobierno local de Foz a la espera de recibir oficialmente el acuerdo de convalidación.

García Rivera espera ahora que la Administración autonómica no continúe con el contencioso y presumió de que su forma de gobernar es “transparente y ética”. Entre las licencias convalidadas se encuentran las que autorizan un hotel de 14 habitaciones propiedad de la familia del alcalde. En este caso, Rivera exhibió el acta donde se recoge que se “ausentó y abstuvo” de la votación. “Estaría preocupado”, señaló el alcalde, “si me hubiera otorgado licencias como hicieron alcaldes del PP”. “El Partido Popular”, añadió, “tiene problemas con el urbanismo por todas partes, y se dedica a atacar a un ayuntamiento como el de Foz por un simple error administrativo”.

Rivera no se quedó ahí y aprovechó para anunciar que el próximo 26 de abril se celebrará un pleno para aprobar inicialmente el plan general de ordenación municipal, que será, dijo, “el primero que se aprueba en A Mariña”.

Precisamente en otro municipio de esa comarca de la costa de Lugo, Viveiro, el grupo municipal popular presentó ayer una denuncia en el juzgado de lo penal contra la junta de gobierno, que integran PSdeG y BNG y preside el socialista Melchor Roel, por una supuesta prevaricación urbanística. El encargado de formalizar la denuncia fue el portavoz y senador popular, César Aja, quien afirmó que este ayuntamiento otorgó cinco licencias para construir unas 300 viviendas por “silencio administrativo” en una comisión de gobierno celebrada el 26 de septiembre de 2006.

Aja y los servicios jurídicos del PP sostienen que se trata de licencias que se otorgaron pese a contar con “informes contrarios”, tanto jurídicos como técnicos y de patrimonio, con lo que, indicó, “contravienen toda la normativa, tanto estatal como autonómica”.

El portavoz del PP justificó la iniciativa judicial ante la inhibición de la Consellería de Política Territorial y la Dirección Xeral de Urbanismo, a las que se informó de todas las incidencias en el pasado mes de febrero. Las cinco licencias se ubican en la zona de Cobas, la de mayor expansión urbanística de Viveiro en los últimos años, y una de las edificaciones, con unas 100 viviendas, está, según Aja, a punto de concluir.

Artículos relacionados:

El alcalde de Foz ‘pasa’ de Xunta y PSOE y valida 1.350 viviendas (El Correo Gallego)

El alcalde de Foz convierte en legal lo que parecía ilegal (Cadena Cope)

Foz convalidó las 40 licencias de obra que la Xunta ordenó anular (La Voz de Galicia)

Cómo vive el sector la situación (La Voz de Galicia)

El Congreso recomienda que no se regularice la prostitución en España

Es contrario a varios artículos de la Constitución y entra en colisión con los derechos laborales, según el Informe final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer.

ELPAIS.com - Madrid – 20/02/2007

El Congreso de los Diputados recomienda que no se regularice la prostitución en España, según el borrador del dictamen final de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que ha estudiado de forma específica este asunto. Ese informe final, al que ha tenido acceso la Cadena SER, propone reforzar las medidas contra las mafias y reclama a los periódicos que supriman los anuncios de contactos. A las 11.00 horas se reúne esta comisión, creada tras la polémica que suscitó la iniciativa del Gobierno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) de regular la prostitución voluntaria, para estudiar una solicitud de prórroga de los trabajos de la ponencia.

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Las prostitutas no quieren pagar impuestos

Por Francisco Cabrillo en La Ilustración liberal

¿Estaría usted dispuesto a entregar al Estado la mitad de su sueldo a cambio de una mejor consideración social? Este es el dilema al que parecen enfrentarse hoy las prostitutas holandesas, a las que el gobierno ha ofrecido “legalizar” su situación. Las ventajas de estar en la economía formal e integrarse en la seguridad social son evidentes. También lo es, sin embargo, su contrapartida: quienes digan que sí, serán ciudadanas con todos sus derechos; pero tendrán que pagar impuestos. Y esto significa, en un país cuya presión fiscal es una de las más elevadas del mundo, que la renta disponible de las prostitutas que acepten la propuesta se reducirá sustancialmente. No es extraño, por tanto, que de las aproximadamente treinta mil profesionales, que se supone que existen en los Países Bajos, sólo algo más de novecientas -es decir, poco más del tres por ciento- hayan dado el paso adelante.

No hay razón alguna para pensar que, en sus decisiones económicas, las prostitutas vayan a comportarse de una manera sustancialmente diferente que los abogados, los fontaneros o los catedráticos de universidad. Aquéllas, como éstos, preferirán ocultar al fisco sus ingresos, siempre que el beneficio esperado de hacerlo supere a la sanción que pueden recibir, multiplicada por la probabilidad de que su evasión sea detectada y castigada.

Y uno de los aspectos diferenciales importantes de la actividad de las prostitutas constituye un incentivo más para no declarar. Mientras, por ejemplo, un catedrático distribuye sus ingresos a lo largo de su ciclo vital de una manera bastante equilibrada, con una suave tendencia al crecimiento a medida que pasan los años, una prostituta obtiene sus mayores ingresos cuando es joven. La razón es obvia. Si no resulta fácil enseñar química orgánica o contratos bancarios cuando se tiene veinte años, tampoco parece sencillo conseguir una demanda elevada de servicios sexuales cuando se tiene, por ejemplo, sesenta. Y esto significa que, con un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo, la presión fiscal soportada por una prostituta será mayor que la que soporte un catedrático cuyos ingresos, a lo largo de todo su ciclo vital, sean similares.

Resulta coherente con sus intereses, por tanto, el comportamiento de las profesionales del sexo holandesas. Y no por la naturaleza especial de su trabajo, sino por una simple cuestión de lógica económica. En este sentido, su actitud demuestra bastante más sentido común que la de quienes lanzaron a bombo y platillo su plan de integración social.

Bermejo o el eterno retorno de lo peor

El sábado 21 de Junio de 2003 publiqué en Libertad Digital este artículo, que no debo alterar ni en una coma. Permítanme reproducirlo íntegro.

Lo del fiscal Bermejo metiéndose a averiguar –o a fingir que averigua– irregularidades urbanísticas en Alcorcón denunciadas por la SER no es, aun siéndolo, un escándalo. Es la simple confirmación de la existencia de un auténtico Partido Fiscal o de algo parecido a una agrupación paralegal de fiscales dispuesto a violentar todas las leyes y todas las éticas para ayudar al PSOE a encubrir sus vergüenzas.
El fiscal Bermejo (o sea, rojo, en castizo) ya acreditó en la Edad de Oro de la corrupción felipista su capacidad de entender las necesidades del progresismo español. Tras estallar el Caso Ibercorp, Felipe González anunció ante las cámaras de TVE que “ponía la mano en el fuego” por Mariano Rubio, el hombre que en su calidad de Gobernador del Banco de España firmaba los billetes. Se quemó de forma gravísima, si no en lo físico, en lo político. Y allí acudió Bermejo. En una operación fulgurante, Mariano Rubio entró en la cárcel justo a tiempo de salir en el telediario de las tres. Luego, salió, todos salían, pero la operación de fingir que González luchaba heroicamente contra la corrupción salió adelante.

La necesidad que tienen los socialistas de disimular la corrupción que reina en sus filas se ha acrecentado y acelerado en la Comunidad de Madrid por el episodio de los dos diputados rebeldes elegidos en la lista de Simancas. Por eso se han dirigido al Tribunal Superior de Justicia madrileño para que se cargue todo el ordenamiento legal y cualquier garantía constitucional encarcelando a los disidentes y privándoles el acta de diputados. Sin embargo, lo que en cualquier magistrado y en cualquier fiscal decente produciría sonrojo o consternación, puesto que se quiere utilizar a la Justicia contra la Ley al servicio de oscuros intereses partidistas, ha excitado el celo del fiscal Bermejo.
No sorprende, pero alarma. Después de la asombrosa petición del tío de Trinidad Jimenez, aún fiscal general anticorrupción, de aterrizar en el caso que perjudica a su sobrina carnal, llega el fiscal Bermejo a ilustrarnos sobre el uso alternativo del Derecho. Que es, esencialmente, torcido.

¿Y cómo nos podemos defender los ciudadanos del Partido Fiscal?

Casi cuatro años después, debo constatar que con el PSOE todo es repetible en peor, o sea, ineluctablemente empeorable. Con este sectario exhibicionista en el Ministerio de Justicia podemos tener la seguridad de que la media España de derechas se coloca en estado de sitio o persecución. Cándidos y Bermejos competirán en el uso alternativo del Derecho, para torcerlo del todo. Lo único bueno que puede decirse de un ministro o alto cargo zapaterista es que el sucesor lo hará bueno. Fíjense en López Garrido con respecto a Rubalcaba. Con semejante sucesor, podemos echar en falta a López Aguilar, alias Sorrocloco I. Encima, como Bermejo ya quiso empapelar a Michavila y es hombre de ideas fijas, es de temer que Shakira no vuelva a actuar en España. Las desgracias nunca vienen solas.

Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital

Un ministro de Justicia que se chulea de no ser independiente

Mariano Fernández Bermejo será el nuevo ministro de Justicia en sustitución de López Aguilar. También conocido como el “fiscal anti-PP” fue nombrado por Conde Pumpido en 2004 fiscal jefe de lo contencioso-administrativo del Supremo en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. Antes, entre 1992 y 2003, fue fiscal jefe del TSJ de Madrid. En esa época adquirió notoriedad por admitir su sectarismo públicamente pese a ejercer de fiscal: “Soy de izquierdas y como tal actúo”. En 2003 fue expedientado por filtrar una querella a El País y la Cadena Ser, relacionada precisamente con el caso Tamayo-Sáez en la Asamblea Madrid, siendo él uno de los favoritos para entrar en el frustrado Gobierno de Simancas.

Aunque la cualidad exigible a todo jurista es la independencia, el fiscal Mariano Fernández Bermejo no dudó en definirse como “hombre de izquierdas” en unas declaraciones efectuadas a la cadena COPE. Después, añadió lo más preocupante: “y como tal actúo”. Miembro de la Asociación Progresista de Fiscales y de 58 años de edad, Fernández Bermejo coincidió en los años ochenta con María Teresa Fernández de la Vega en el equipo del primer ministro de Justicia de Felipe González, Fernando Ledesma.

Poco antes de su relevo en la fiscalía madrileña, Bermejo protagonizó un nuevo escándalo. El entonces ministro de Justicia, José María Michavila, criticó la actitud de Bermejo en el arranque de los juicios rápidos. Ocurrió el 29 de marzo de 2003. En conferencia de prensa conjunta con el ex ministro del Interior, Ángel Acebes, Michavila, preguntado por los fallos informáticos detectados en Madrid en el arranque de este procedimiento, dijo que Fernández Bermejo “se ha manifestado en rebeldía” en la aplicación de la ley y no dudó en que hará “todo lo posible” para que “falle todo”. Bermejo se había pronunciado sobre la ley y el CGPJ le abrió diligencias por cuestionar una materia legislativa.

La reacción del fiscal fue presentar una denuncia –lo anunció en la cadena SER– contra el entonces ministro por “mentir gravemente”. Ya en el Supremo –tribunal al que ahora llega Bermejo–, Michavila sostuvo sus declaraciones sobre el Fiscal y auguró que la querella carecía de todo fundamento. Así fue. El tribunal no apreció vulneración alguna y absolvió al ex ministro.

Nombrado por Conde Pumpido, sin el apoyo del Consejo Fiscal
El nuevo cambio de Gobierno y la vuelta de los socialistas en 2004 propició otro movimiento en la carrera de Fernández Bermejo. En junio de ese año, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, decidió proponerle como nuevo fiscal de Sala jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El acuerdo se produjo pese a que Fernández Bermejo no ganó en el Consejo Fiscal la votación para el puesto. El ex fiscal jefe de Madrid consiguió cuatro de los 12 votos del Consejo, tres de su asociación y el de Conde Pumpido.

Según argumentó entonces la Fiscalía General, Conde Pumpido decidió proponer a Fernández Bermejo porque ya había estado varios años en el Tribunal Supremo y porque ostentó la Jefatura de la Fiscalía de Madrid, que es la más amplia de todo el Ministerio Público. Recordó también que el Consejo Fiscal tiene un carácter consultivo, pero no vinculante. Eso sí, desde el PP aquel nombramiento fue considerado un ejemplo de “politización” de la Justicia y a partir de ahí los ‘populares’ acusaron a Conde Pumpido de colocar a “sus amigos” en los puestos clave del Ministerio Público.

Los compañeros de viaje de Zapatero
Mariano Fernández Bermejo se ha significado por sus declaraciones contra los populares. También por reconocer su sectarismo pese a que ejercía como fiscal. Llegó a decir, refiriéndose al PP, que “tras luchar contra los padres” en la Guerra Civil “ahora nos toca luchar contra los hijos”. Fue además, el fiscal que filtró a los medios de Prisa una querella sobre el caso Tamayo-Sáez. Por entonces, su nombre sonaba como posible consejero del frustrado Gobierno de Simancas. La filtración le costó un expediente.

“El rencor, el odio y lo que representa la división y el enfrentamiento, olvidados entre los españoles hasta que llegó Zapatero sigue anidando en algunas personas, pocas, y son de las que se rodea Zapatero para continuar con su proyecto”, ha denunciado Acebes. Insistía en que el presidente se hace acompañar de “gente que lleva el germen del rencor, el enfrentamiento”.

En el caso de Fernández Bermejo, señalaba, lo ha demostrado en episodios “muy peligrosos”. En este punto Acebes ha recordado las declaraciones sobre los GAL del que será nuevo ministro de Justicia. Dijo que la persecución y el enjuiciamiento de los GAL fue “un acto de hipocresía colectiva”. También han sido polémicos sus pronunciamientos sobre ETA y la lucha judicial para acabar con el terrorismo. El dirigente del PP le recuerda “como uno de los que mayor oposición, y más radical, presentó contra la legislación que iba a terminar y terminó con el terrorismo callejero”. “Los obstáculos más graves fueron del nuevo ministro, lo que nos espera…”, se lamentaba.

Vía Libertad Digital